La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) ha acogido con satisfacción la nueva resolución del Gobierno tailandés que permitirá a los refugiados de Myanmar que llevan mucho tiempo en el país trabajar legalmente.
ACNUR señala que, además, supondrá un importante impulso para la economía nacional.
Unas 81 000 personas desplazadas por la fuerza se alojan en refugios temporales a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar, donde llevan décadas viviendo en campamentos.
Casi la mitad de la población refugiada ha nacido bajo lonas, donde las familias desplazadas han dependido en gran medida de la ayuda humanitaria.
Más de un millón de rohinyá, una minoría mayoritariamente musulmana de Myanmar, han huido del conflicto y la persecución en múltiples oleadas de desplazamiento.
El lunes se cumplieron ocho años desde el éxodo masivo de rohinyá del estado de Rakáin, en Myanmar, y la ONU pidió el lunes una mayor solidaridad internacional ante su difícil situación.
«Punto de inflexión»
La representante del ACNUR en Tailandia, Tammi Sharpe, describió la decisión del Gobierno como un importante «punto de inflexión».
Afirmó que no solo ayudaría a los refugiados a mantenerse a sí mismos, sino que también beneficiaría a las economías locales y reforzaría el crecimiento a largo plazo de Tailandia.
«Al liberar el potencial de estas personas, Tailandia no solo está defendiendo los principios humanitarios, sino que también está realizando una inversión estratégica en su propio futuro», afirmó Sharpe.
Aunque la nueva resolución abarca un número limitado de personas, la agencia de la ONU afirmó que seguirá abogando por una mayor inclusión de los refugiados, ofreciendo apoyo al Gobierno tailandés en la puesta en marcha de la nueva política.
Recortes en la ayuda
La medida se produce en un momento en que los presupuestos de ayuda para las personas desplazadas en todo el mundo se enfrentan a severos recortes.
Para la agencia de la ONU, la medida de Tailandia podría sentar un precedente regional para políticas de refugiados sostenibles y basadas en los derechos, y servir de modelo para países que se enfrentan a retos similares, según el ACNUR.
Según la agencia, se necesitan 25,4 millones de dólares en 2025 para garantizar la continuidad de las operaciones cubiertas por la oficina internacional con sede en Tailandia, que también supervisa las operaciones en Camboya, la República Democrática Popular Lao y Vietnam.
