Comienza en Guatemala el proceso de nombramientos judiciales para 2026, incluyendo el de titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad. También se elegirá al próximo Fiscal General del Ministerio Público.

La relatora especial* sobre la independencia de magistrados y abogados subrayó que el país debe evitar que se repitan situaciones pasadas, en las cuales personas asociadas con abusos de poder o graves violaciones de los derechos humanos lograron ser nombrados para esos puestos. 

Tras su visita a Guatemala en mayo del año pasado, la experta en derechos humanos** denunció la instrumentalización del derecho penal contra magistrados y abogados, líderes de pueblos indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos.  

La experta subrayó que el nombramiento de personas de “probada integridad” sería un paso “clave” para poner fin a ese patrón abusivo de criminalización.

También pidió que protejan a las personas que participan en los procesos de nombramiento, tanto a candidatos como a integrantes de las Comisiones de Postulación, y que garanticen que no haya interferencias por parte de grupos de corrupción.